Extesorero y actual Diputado de Naucalpan del PAN es sancionado por desvío de recursos.

 


La Contraloría Interna Municipal de Naucalpan ha impuesto una sanción económica de 53.31 millones de pesos e inhabilitado por 20 años a Iván Arturo Rodríguez Rivera, quien fungió como tesorero municipal durante la administración del exalcalde Edgar Olvera. La sanción se debe a pagos injustificados realizados en 2016 a la empresa Zen Servicios Profesionales.

Rodríguez Rivera, actualmente Diputado Federal por el PAN representando el distrito 22 de Naucalpan desde 2021, autorizó pagos sin la debida justificación documental. El contrato firmado entre el gobierno de Naucalpan y Zen Servicios Profesionales en marzo de 2016 tenía como objetivo proporcionar asesoría legal y contable a la administración municipal. Sin embargo, la Contraloría descubrió que no se cumplieron las cláusulas esenciales del contrato, lo que resultó en un perjuicio económico para las finanzas públicas municipales.

El Tribunal de Justicia Administrativa también ha impuesto una sanción a Rodríguez Rivera por pagos similares realizados a la misma empresa en 2017, dictaminando una multa de 63.83 millones de pesos y una inhabilitación de 20 años.

En sus participaciones en el Congreso, los diputados de Morena han señalado a Rodríguez Rivera, acusándolo de corrupción y exigiendo que devuelva el dinero desviado. Su posición como Diputado le otorga fuero, lo que ha generado controversia y críticas por parte de la oposición.

En 2018, la Contraloría Interna Municipal de Naucalpan también investigó a Juan Carlos Sánchez Medina, tesorero municipal en ese momento, por autorizar facturas a Zen Servicios Profesionales sin la debida justificación. El caso fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar la sanción correspondiente.

Estos casos de desvío de recursos han generado preocupación entre los ciudadanos de Naucalpan y han puesto en el punto de mira las gestiones asociadas al PAN en la región. La transparencia y la rendición de cuentas son demandas constantes de la ciudadanía, y este tipo de situaciones refuerzan la necesidad de una vigilancia constante sobre el uso de los recursos públicos.

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